Tras el procesamiento de Damasco, la Suprema Corte le quitará discrecionalidad a los jueces en el manejo del dinero incautado. Actuarias serán investigadas por las ordenes de pago firmadas con la exmagistrada, quien debe $ 550 mil al BROU.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) se reunió ayer jueves para decidir medidas tras el procesamiento con prisión de la ministra del Tribunal de Apelaciones de 1° Turno, Anabella Damasco, por siete delitos de peculado, debido al retiro ilegal de unos US$ 55.000.
La Corporación judicial decidió ayer no aceptarle la renuncia a Damasco -lo cual puede desembocar en un sumario que le afecte la jubilación- y el inicio de una auditoría de todos los fondos incautados en el juzgado en el que actuaba la magistrada procesada.
"Hemos tenido seis casos de corrupción en 50 años y nunca se había dado el caso de que fuera ministro del Tribunal de Apelaciones", sostuvo el ministro de la SCJ Jorge Chediak. "La Corte demoró en detectarlo. Si bien nuestros mecanismos de control son razonables, debió saltar antes" agregó.