La red explotaba laboralmente a ciudadanos de Paraguay, a quienes les conseguía permisos de residencia y les cobraba intereses usurarios. La puerta de salida era Ciudad del Este
Las autoridades españolas acusan a los detenidos de introducir compatriotas sin permiso de trabajo o residencia, servicio por el que cobraban hasta 3 mil euros (casi 4000 dólares). Además de los seis detenidos en España, el grupo estaba integrado por otras tres personas residentes en Paraguay, familiares de los arrestados, cuya función principal era la de localizar a personas con necesidades económicas. Se encargaban de captar a las víctimas, preparaban el viaje y se ocupaban de trasladarlos. La salida del país se organizaban a través de una agencia de viajes en Ciudad del Este. Una vez que llegaban a Madrid, la otra rama de la organización los extorsionaba.
Las víctimas debían juntar el dinero para librarse de sus captores trabajando ilegalmente y tenían seis meses para reunirlo. La banda también ofrecía a sus víctimas préstamos por los que cobraban más del 50% de intereses. Las víctimas muchas veces accedían para poder enviar dinero a sus familias o trasladarlos también a ellos también y reagrupar las familias.