Un abogado de la Dirección General Impositiva (DGI) deberá indemnizar al organismo por las negligencias cometidas en varios litigios desarrollados en el interior del país. El accionar del letrado significó un perjuicio para el Estado al dejar vencer embargos genéricos entablados por el fisco.
Juicios. El monto reclamado incluía procesos ejecutivos de los años 80.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) condenó por mayoría a un abogado de la DGI a retribuir unos 100 mil dólares al organismo por diversas omisiones constatadas durante su gestión, en más de 75 procesos ejecutivos iniciados por el fisco contra morosos del interior del país.La DGI resolvió en 2007 presentar una demanda civil contra un abogado del organismo aduciendo que su conducta "negligente" o "dolosa" en el seguimiento de varios juicios tramitados ante las Sedes Judiciales de Tacuarembó, Rivera y Paso de los Toros (Tacuarembó), para el cobro de créditos fiscales, determinó la caducidad de varios de los embargos mas