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jueves, 15 de abril de 2010

Matete militar

Que un dirigente político sepa a dónde quiere ir no indica que sepa cómo llegar. La yuxtaposición de una respuesta a la Corte Internacional de DD.HH. de la OEA por la ley de caducidad, la intención de "integrar" a las FF.AA. a la sociedad, y el deseo de atenuar las condiciones de reclusión para los militares presos mayores de 70 años está generando un coctel pateador que amenaza a quedar en una resaca sin consecuencias prácticas. La permanencia de la ley de caducidad, ratificada por dos plebiscitos -guste o no-, complica internacionalmente al gobierno. O la deroga, lisa y llanamente, como suele hacerse en estos casos, o inventa alguna figura, como la "abrogación", la "abolición", o la declaración de "írrita", o cualquier otra palabreja de resonancia jurídica, como cuando se logró (bajo aquellas circunstancias políticas), la fórmula de la "caducidad de la pretensión punitiva del Estado". Si lo normal en el Derecho es derogar, la Corte no puede exigirle a Uruguay un mecanismo esotérico. ¿Por qué no preguntarle a esa Corte qué la conforma? "Anular" la ley supone que el Frente Amplio, o parte de él, quiere que se siga metiendo militares presos, de más o de menos de 70 años. Debiera decirlo explícitamente, se comparta o no. Naturalmente, esa intención colide con la intención de Mujica de dejar atrás el pasado e "integrar" a las FF.AA. a la sociedad.