Las defensorías públicas del país están desbordadas de trabajo, en especial las de materia penal y de menores infractores, que reciben casi el 100% de las causas que se inician en los Juzgados. Falta capacitación y recursos, pero por el momento los reclamos no han recibido respuesta. Un litigio civil, penal o laboral por una suma de $ 50.000 puede implicar para el demandante pagar casi la mitad de ese monto, teniendo en cuenta los tributos judiciales (timbres) y los honorarios del abogado, aunque no existe un arancel y depende de la entidad del delito y el tiempo que dure el proceso, según profesionales consultados por Ultimas Noticias. Esto lleva a que buena parte de la población opte por recurrir a los defensores públicos o de oficio, con la consecuencia de la saturación de este servicio, en especial en materia penal.
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